La aeronave, valorada en $13 millones, fue decomisada por orden del Gobierno de los Estados Unidos, quien informó que fue adquirida ilegalmente a través de una empresa fantasma.
Las autoridades de República Dominicana colaboraron en la incautación de un avión de Nicolás Maduro, por orden del Gobierno de los Estados Unidos, que estaba estacionado en suelo dominicano desde el pasado 19 de mayo. Las autoridades estadounidenses resaltaron que durante la compra de la aeronave en los Estados Unidos, por un monto de $13 millones, se violaron las sanciones impuestas contra el funcionario y su administración.
De acuerdo con el fiscal general Merrick B. Garland, el avión Dassault Falcon 900 EX, matrícula T7-ESPRT fue adquirido ilegalmente a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de los Estados Unidos a través del Caribe, violando también las leyes de control de exportaciones.
«El avión ha volado «casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países», señalaron las autoridades estadounidenses en un comunicado enviado este lunes y divulgado por CNN. El avión actualmente está estacionado en el Aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida.
En la incautación de la aeronave participaron varias agencias federales. La situación se produce en medio de la fractura de las relaciones entre los gobiernos de República Dominicana y Maduro, luego que el presidente Luis Abinader, junto a otros mandatarios de la región, solicitaron al CNE venezolano mostrar las actas que supuestamente dan como ganador a Maduro para un nuevo período presidencial en la elección presidencial del 29 de julio. Esto produjo que Maduro ordenara la suspensión de los vuelos entre ese país y Venezuela, lo mismo hizo con Panamá y Perú.
El Gobierno de los Estados Unidos también ha solicitado al CNE que muestre las actas y los resultados por centros de votación, pero hasta el momento no lo ha hecho.
El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones a la administración de Maduro y algunos de sus funcionarios ante denuncias por las trabas impuestas contra la oposición venezolana para participar en elecciones democráticas y de violaciones a los Derechos Humanos. Estas incluyen desde congelación de cuentas, activos y bienes en territorio estadounidense, hasta la comercialización de petróleo, gas y minería, entre otras.
En octubre del año pasado, la administración de Joe Biden levantó temporalmente parte de las sanciones (petróleo y gas), esperando que la administración de Maduro cumpliera los acuerdos firmados en Barbados (entre gobierno y oposición), pero estas fueron reimpuestas luego del 29 de julio, cuando el CNE y el TSJ, controlados por el Chavismo-Madurismo, dieron como ganador a Maduro sobre el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en medio de denuncias sobre fraude y la declaración del Centro Carter de irregularidades durante la emisión de los resultados electorales.
Maduro amenaza con acciones legales
El Gobierno madurista emitió un comunicado donde rechaza la incautación del avión y anuncia que se reservará «el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación». Dijo que la incautación «no es una acción aislada».
Con información de CNN